Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) vemos con preocupación el proyecto de un nuevo impuestazo a la agroindustria en la provincia de Santa Fe con subas en Ingresos Brutos (IIBB) y en el Impuesto Inmobiliario. “Este tipo de medidas son contrarias a la baja del costo argentino que las Pymes tanto necesitamos para ganar rentabilidad y competitividad”, destacó Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la entidad preocupado por la posibilidad de que otros mandatarios adopten medidas similares.
La legislatura provincial dio media sanción a un proyecto que promueve un incremento de la presión tributaria a las empresas que integran la cadena de valor agropecuaria con subas de la alícuota de IIBB de 2 % a 2,5 % para el comercio al por menor y mayor de agroquímicos, semillas y fertilizantes, mientras que el caso de la comercialización de granos realizada por cuenta propia por acopiadores se aumentará de 0,25 % a 1 %. También, estipula un adicional del 300 % del Impuesto Inmobiliario para todos aquellos inmuebles que sean utilizados en el desarrollo de actividades de comercialización y acopio de productos agrícolas, de transformación de cereales y oleaginosas, así como de actividades efectuadas por los bancos e instituciones financieras.
Estos nuevos incrementos son muy preocupantes debido a que afectan a toda la cadena de producción y comercialización con una elevada distorsión de costos.
CAME advierte que “habrá quebrantos masivos y aumentos en los precios de los alimentos” si se aprueba un paquete fiscal que incrementa la carga impositiva a las pequeñas y medianas empresas que integran la cadena de valor agropecuaria en la provincia de Santa Fe.
“No hay dudas de que si prospera esta iniciativa todo el peso de los mayores impuestos recaerá sobre la rentabilidad de los productores y de las Pymes provinciales y, en definitiva, sobre los consumidores”, alertó Díaz Beltrán y agregó: “los productores no sólo sufrirán una caída en los valores de venta de sus productos, sino también una suba en el precio de compra de los insumos que utilizan y un incremento en el costo de acondicionamiento de granos”.
Además, medidas de este tipo podrían ser imitadas en otros distritos, generando un incumplimiento masivo del Pacto Fiscal firmado el año pasado entre la Nación y las provincias. Los continuos cambios de reglas le quitan previsibilidad a las pequeñas y medianas empresas.
“Esperamos que el gobernador Miguel Lifschitz frene este nuevo golpe al campo que no soporta más impuestos. También instamos a que se convoque a la Mesa de Análisis Tributario de la que participan todos los sectores representativos de la economía provincial”, concluyó Díaz Beltrán.
