“Si prosperan las subas de Ingresos Brutos e impuesto inmobiliario, que se habilitan en el nuevo Consenso Fiscal, inevitablemente se van a resentir el consumo y la actividad económica del año próximo”, dijo Fabián Tarrío, presidente de CAME.
La ilusión de una reducción en la presión impositiva sobre las pymes podría durar muy poco: como las provincias resignaron recaudación en el reciente pacto fiscal firmado con la Nación, muchas analizan aumentos en los tributos de recaudación propia, especialmente Ingresos Brutos e Inmobiliario.
La primera señal de alerta llegó desde Salta, que plantea elevar Ingresos Brutos al comercio desde la actual alícuota del 3,6% al 5% en 2018, y lo mismo en otros sectores como la construcción o la industria. Se trata de un impuesto distorsivo y regresivo que el Gobierno había convenido trabajar en su restricción.
Pero las puertas para que aumenten están completamente abiertas. En el capítulo III del nuevo Consenso Fiscal firmado a mediados del mes pasado, se establecen topes máximos de alícuotas a los Ingresos Brutos que en el ramo comercio y servicios están muy por encima de las actuales, y que frente a la falta de recursos, las provincias están comenzando a aprovechar.
Por ejemplo:
lEn la sección “Mayorista, Minorista y Reparaciones” para 2018 no se establece tope y para los años siguientes un límite del 5%, que supera ampliamente al promedio de las tasas actuales (3%-3,5%).
lPara el sector “Primario” e “Industrial” se pone un tope del 2% disminuyendo gradualmente a 0% recién en el 2022. Una tasa de 2% supera lo que aplican muchas provincias (1,5%). Es el caso de Salta, donde la industria se grava con 1,5% y ahora se planea arrancar 2018 en 2%.
Alícuotas máximas de Ingresos Brutos autorizadas en el Consenso Fiscal
Otro dato preocupante es lo que sucede con el impuesto inmobiliario ya que el Consenso Fiscal establece que se adoptarán procedimientos y metodologías de valuación uniformes, establecidas por el organismo federal. Las provincias asegurarán a la institución acceso a los registros catastrales y locales para que sea quien fije la nueva cotización, y se determine un tope de entre el 0,5% y 2% del nuevo valor.
En estas condiciones, el año 2018 encontrará a la población con más impuesto inmobiliario y a las pymes con más presión de Ingresos Brutos. Eso derivará inevitablemente en menos consumo, mayor costo de vida y menor actividad económica.
Ni las pymes ni la población tienen soporte para aguantar una mayor carga tributaria. La única solución de la Argentina es mejorar la competitividad y eso requiere medidas fiscales que acompañen y alienten
