Los principales referentes de 25 complejos agropecuarios de todo el país se reunieron en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para solicitar la reglamentación del Art. 167 de la Reforma Tributaria –Ley 27.430– aprobada por el Congreso nacional a fines del año pasado. Así, se aplicaría de manera inmediata el nuevo Mínimo No Imponible (MNI) de $12.000 de salario bruto para las contribuciones patronales. Además, propusieron un amplio debate de los electrodependientes que transparente los costos de suministro de energía de las provincias.
Referentes de 25 complejos agropecuarios de todo el país expusieron sus problemáticas
Durante más de cuatro horas de reunión se reafirmó la necesidad de establecer un MNI para el pago de contribuciones patronales que promueva una tendencia a formalizar el empleo rural. “Con la implementación del nuevo mínimo no imponible se generaría una reducción en el costo de contratar mano de obra que, en nuestro caso, por lo general, es de carácter intensivo”, señaló Raúl Robín, titular del sector de Economías Regionales de la entidad. De esta manera, las producciones primarias accederían a un alivio ante los problemas de rentabilidad y, por ende, competitividad. Asimismo, podrían afrontar los constantes aumentos de costos internos, ya sea de los servicios como de los insumos necesarios para la producción.
«Es un sector representativo, dador de mano de obra», aseguró el presidente de CAME, Fabián Tarrío
Costos energéticos
Las tarifas eléctricas tienen tres elementos principales: el precio de la energía regulado por el Ministerio de Energía de Nación que cubre principalmente los precios de generación; el segundo, el Valor Agregado de Distribución (VAD) que corresponde a las redes locales –capital más costos de operación y mantenimiento de la distribución–, y el tercero, impositivo (IVA y retención de IVA).
El VAD, que es el componente provincial de la tarifa eléctrica, está regulado por los Entes Provinciales Reguladores de la Electricidad (EPRE). “Con los abusos de los entes se manifiestan distorsiones marcadas entre jurisdicciones que castigan directamente al aparato productivo. Esto aísla a los pequeños y medianos productores”, afirmó Robín. A esto se le suman cargos nacionales (IVA) y los locales (Ingresos Brutos, fondos especiales o solidarios, alumbrado público municipal, aportes a líneas de interconexión, entre otros). No otorgan contraprestación a cambio y son proporcionales al consumo, pero en conjunto engrosan la factura de luz hasta en un 70%.
“Todas las tasas atentan fuertemente contra nuestras economías regionales, por ser electrointensivas ante la necesidad de riego. Los altos valores les quitan rentabilidad y competitividad, sobre todo durante el período de altas temperaturas”, finalizó Robín.
Desde la Mesa Ejecutiva de Economías Regionales de la CAME se propuso crear e integrar una Mesa de Producciones Electrodependientes, de participación público-privada, a fin de encontrar soluciones a esta problemática.
