La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su satisfacción porque el Presupuesto 2019, que obtuvo hoy media sanción en Diputados, finalmente no derogó la exención de Bienes Personales sobre los inmuebles rurales. La entidad encabezó gestiones para que los legisladores dieran marcha atrás con la idea original de gravarlos.
“Celebramos que los diputados nacionales, que son nuestros representantes, hayan entendido el daño que causaba seguir gravando al sector productivo”, manifestó Gerardo Díaz Beltrán, presidente de CAME, y agregó: “Esperamos que esto sirva como precedente para que se comprenda de manera definitiva que el único camino para sacar al país de la crisis es aumentar la producción y las exportaciones, generando trabajo y arraigo en el interior del país”.
Durante los últimos días, y ante la negativa de dar marcha atrás con el proyecto, directivos de CAME mantuvieron una serie de conversaciones y reuniones con diputados y gobernadores para explicarles los perjuicios que generaría la medida.
La principal preocupación de los complejos agropecuarios se basaba en que la imposición de Bienes Personales sobre los campos provocaría un fuerte aumento de los arrendamientos rurales, en un contexto de caída de la rentabilidad por la suba de costos productivos.
A partir de este cambio, ahora los campos cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas no tributarán el impuesto. Pero sí lo harán aquellos inmuebles rurales que estén en manos de sociedades, que ahora pagarán una alícuota del 0,25%.
