Mediante la Ley 27.354, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno declaró en emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de Río Negro y Neuquén, por el término de un año.
La norma, sancionada por el Congreso de la Nación el 26 de abril y promulgada de hecho el 18 de mayo, da la facultad al Poder Ejecutivo de instrumentar “regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”.
Desde el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), creemos que dicha medida brinda un poco de oxígeno al sector frutícola, inmerso en una crisis estructural desde 2011, en un contexto de altos costos en dólares y precios internos inferiores a los valores de producción.
En agosto de 2016, productores nucleados en la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, entidad adherida a CAME y presidida por Sebastián Hernández, se habían manifestado en Plaza de Mayo para visibilizar la crisis del sector, entregando peras y manzanas a más de 30 mil personas.
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