Productores agroindustriales de todo el país, nucleados en la Mesa Chica y el Grupo Paritario del sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), participaron de la primera reunión virtual del año, que contó con la participación del presidente de la Confederación, Alfredo González, quien aseguró que “estamos trabajando para ocupar un lugar más preponderante y ser fuente de consulta continua para el Poder Ejecutivo”; y el titular del sector, Eduardo Rodríguez.
El encuentro giró en torno a tres temas principales: la presentación del Recurso Administrativo por la Resolución 230/2022 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), el estado de situación del proyecto de ley “Régimen de Promoción y Agregado de Valor de las Economías Regionales”, y los avances registrados en el ámbito de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastre Agropecuario (CNEyDA).
Gonzalo Roca y Eduardo Juárez, paritarios de nuestra institución ante la CNTA, junto con Juan Pablo Diab, asesor legal de CAME, fueron los encargados de referirse al Recurso Administrativo, acto que no recibió respuesta alguna. CAME lo ha presentado ante el Ministerio de Trabajo de la Nación junto con las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace por la norma 230/2022 de la CNTA, la cual estableció de forma unilateral el pago de una asignación no remunerativa (bono) de $26.000 para trabajadores rurales, monto que se adiciona a la asignación de $24.000 estipulada por el DNU 841/2022. Ese bono rompió reglas, ya que se estableció por fuera de la competencia de la mesa de negociación.
En relación al proyecto de ley que promueve el desarrollo con agregado de valor y sostenible del sistema agroindustrial y las cadenas de valor pyme, el informe estuvo a cargo del director del área de Economías Regionales, Pablo Vernengo. A diferencia de otros proyectos, este trabaja puntualmente en la reducción de los costos de producción —para que sea viable, contemplando el costo fiscal, se propuso beneficiarios pymes agroindustriales hasta mediana tramo 1, según clasificación SEPYME—, tiene una duración de 15 años y contempla presupuesto propio. Además, tiene una visión productivista y dentro de los beneficios previstos se destaca la incorporación de reclamos “históricos” del sector: reducción de contribuciones patronales a través del MNI (Mínimo no Imponible); creación de una Cuenta Única Tributaria; reducción del costo energético (energía eléctrica y gas), a través de una baja en la carga tributaria; compatibilidad de planes y/o programas sociales con el trabajo rural registrado (incluyendo Prestación Alimentar); y la promoción de certificaciones de Triple Impacto.
La idea original era que el proyecto, cuya última versión fue compartida luego de la reunión con los productores que solicitaron el material, fuese tratado en sesiones extraordinarias, pero aún espera tratamiento por parte del Legislativo y el Ejecutivo ya está al tanto de su contenido.
Con respecto a las inclemencias climáticas que están dañando a las explotaciones agropecuarias en gran parte del país, se comentó el trabajo realizado en el marco de la CNEyDA. Al momento, 21 provincias se encuentran en emergencia y/o desastre, contando con 18 Resoluciones vigentes y otras 10 en trámite.
Para finalizar, se destacó el problema de la falta de insumos y las demoras para la importación. Desde el sector se está solicitando un tipo de cambio único (competitivo) para la compra de insumos y la venta de productos.
En la reunión virtual estuvieron también presentes Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) y titular de la Mesa Agroalimentaria de CAME; Patricia Calderón, presidente de la Federación Olivícola Argentina (FOA); Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA); Jorge Pazos, representante del Comité Argentino de Arándanos; Bibiana Marabini, representante de la Asociación Olivícola Catamarqueña (ASOLCAT); Sebastián Lafalla, representante de la Federación Económica de Mendoza (FEM) y presidente de la Cámara de Agricultura, Comercio e Industria del Valle de Tupungato; Lucas Martínez, presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA); Guillermo Beckmann, presidente de la Sociedad de Quinteros de Santa Fe; Alejandro Lamacchia, presidente de la Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires (APROPORBA); Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan; Darío Manuel Ortiz, presidente de la Asociación Civil Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO); Leonardo Saucedo, representante de la Federación Económica del Chaco (FECHACO); Irineo Quiñones, presidente de Producciones Intensivas de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires; Maximiliano Di Cesare, director de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines de la Provincia de Mendoza; Carlos Vassallo, paritario de CAME ante la CAR Nº 15 de la CNTA; Miguel Fernando Sosa, paritario de CAME ante la CAR Nº 8 de la CNTA; Sebastián Trossero, paritario de CAME ante la CAR Nº 5 de la CNTA; Gerardo Orive, paritario de CAME ante la CAR Nº 10 de la CNTA; y Daniel Alberto Donna, paritario de CAME ante la CAR Nº 6 de la CNTA; entre otros.
