Referentes de los sectores de Industria, Jóvenes, Comercio, Economías Regionales, Turismo y representantes de la secretaría de Legales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mantuvieron una audiencia con el Superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Daniel Zanarini, y el Gerente General de esa Superintendencia, David Aruchan.
Durante el encuentro, se presentaron las graves dificultades que atraviesa la pequeña y mediana empresa con motivo de las restricciones y medidas de prevención sanitarias adoptadas con motivo de la pandemia desatada por el COVID-19 y las normas que regularon sucesivamente el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y actualmente el distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Una de las principales problemáticas planteadas que atraviesa el sector pyme fue la estrecha vinculación con la situación del personal considerado dentro de los grupos de riesgo por el Decreto 260/2020 y la Resolución Ministerio de Salud 627/2020 y sus respectivas modificaciones.
Las empresas pymes se encuentran abonando salarios por empleados que no concurren a trabajar, pero que a su vez pueden realizar otro tipo de actividades fuera de la empresa. Por otra parte, si bien el personal de grupos de riesgo se encuentra exceptuado, no se encuentra prohibido que concurra a prestar tareas o concurrir a sus lugares de trabajo, pudiendo hacerlo voluntariamente. Sin embargo, el personal no se encontraría cubierto por la ART contratada por el empleador.
Por este motivo y otros planteados de interés para las pymes, desde CAME se solicita adoptar las siguientes medidas:
- Aumentar la edad por la que se considera a las personas como grupo de riesgo.
- Establecer que las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) asuman la cobertura de aquel personal que, comprendido de riesgo, voluntariamente concurra a su lugar de trabajo y preste tareas de manera habitual.
- Flexibilizar la definición de los grupos de riesgo en la medida que se avance con la vacunación y la disminución de la tasa de contagio.
En otro orden, y en relación a la situación que atraviesa el sector del turismo, fundamentalmente receptivo, quizá el sector más afectado por la pandemia, y a fin de habilitar prontamente el ingreso de turistas desde el exterior se propone la siguiente medida:
- Establecer la obligatoriedad de una cobertura de salud para los turistas que ingresen al país con prestadores médicos previamente habilitados y homologados.
- Priorizar a las obras sociales para constituirse en prestadores de los servicios de salud para los casos de COVID-19 con las prestadoras internacionales de servicios de asistencia médica, lo que permitirá ingresos adicionales en momentos que los agentes del seguro de salud atraviesan dificultades económicas financieras producto de la pandemia.